Sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos a la integridad y seguridad personal, al trato digno por actos de tortura, a la libertad, seguridad jurídica y legalidad en agravio de QV1, QV2, QV3, QV4, QV5, QV6 y QV7, atribuibles a personas servidoras públicas adscritas a la Secretaría de Marina, en Boca del Río, Veracruz.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó en la Recomendación 198VG/2025, que siete personas fueron víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos y actos de tortura, atribuibles a personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) en Veracruz, por lo que demandó a esa dependencia reparar el daño ocasionado y proporcionarles apoyo psicológico.
Sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos al trato digno, a la integridad y seguridad personal, por actos de tortura en agravio de V, cometidos por elementos de la Secretaría de Marina, de la Agencia de Investigación Criminal pertenecientes a la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Guanajuato y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato
En la Recomendación por violaciones graves 194VG/2025, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó a la Secretaría de Marina (SEMAR), a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) y a la Secretaría de Seguridad y Paz de la misma entidad (SSP) que colaboren en la integración y seguimiento de la denuncia que esta CNDH presente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por actos de tortura en agravio de una persona, atribuibles a personal de dichas dependencias.
Sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos a la integridad y seguridad personal y al trato digno, por actos de tortura en agravio de QV; por elementos de la entonces Policía Federal en el estado de Coahuila.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 197VG/2025 a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), recomendándola a la inmediata reparación integral del daño a una persona víctima de tortura, acto realizado por elementos de la entonces Policía Federal (PF) en 2007.
A más de dos años de que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitara ejercer acción penal, y después de una larga batalla jurídica que tuvo que sortear toda clase de dilaciones y maniobras, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoce el trabajo de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Cometidos por Personas Indígenas y en Investigación de Delitos Sociales y Políticos del Pasado, dependiente de la FGR, y de sus titulares Dr. Alejandro Gertz Manero y Dr. Abel Galván Gallardo, y celebra que el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Daniel Marcelino Niño Jiménez, haya librado la orden de aprehensión y dictado auto de formal prisión en contra de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el 23 de marzo de 1994, establecida como resultado de las investigaciones a que dio lugar la Recomendación 48VG/2021, que acreditó violaciones graves a los derechos humanos, actos de tortura y faltas al debido proceso, cometidos contra el principal indiciado, Mario Aburto Martínez, desde su detención el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Baja California.
La CNDH solicitó a la Fiscalía General del Estado de Tabasco que gestione la reparación integral del daño a las víctimas, en la cual se incluya la medida de compensación y atención psicológica y/o psiquiátrica, entre otras peticiones dirigidas a esa autoridad y a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), las cuales constan en la Recomendación por violaciones graves a los derechos humanos 192VG/2025.
Sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos a la integridad y seguridad personal y al trato digno por actos de tortura en agravio de QV1, QV2 y QV3; hechos atribuibles a elementos de la Fiscalía General del Estado de Tabasco y de la entonces Policía Federal.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) recibió la Recomendación 190VG/2025 ante las violaciones graves a los derechos humanos de una persona, torturada por elementos de la extinta Policía Federal (PF) en 2015, por lo cual la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó la reparación integral del daño.
