Sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos a la integridad y seguridad personal, al trato digno por actos de tortura, a la libertad, seguridad jurídica y legalidad en agravio de QV1, QV2, QV3, QV4, QV5, QV6 y QV7, atribuibles a personas servidoras públicas adscritas a la Secretaría de Marina, en Boca del Río, Veracruz.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó en la Recomendación 198VG/2025, que siete personas fueron víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos y actos de tortura, atribuibles a personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) en Veracruz, por lo que demandó a esa dependencia reparar el daño ocasionado y proporcionarles apoyo psicológico.
Sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos al trato digno, a la integridad y seguridad personal, por actos de tortura en agravio de V, cometidos por elementos de la Secretaría de Marina, de la Agencia de Investigación Criminal pertenecientes a la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Guanajuato y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato
En la Recomendación por violaciones graves 194VG/2025, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó a la Secretaría de Marina (SEMAR), a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) y a la Secretaría de Seguridad y Paz de la misma entidad (SSP) que colaboren en la integración y seguimiento de la denuncia que esta CNDH presente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por actos de tortura en agravio de una persona, atribuibles a personal de dichas dependencias.
Sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos a la integridad personal por actos de tortura en agravio de QV1, QV2, V1, QV3, V2, V3 y QV4, atribuibles a la Secretaría de Marina; asimismo, sobre actos de tortura y violencia sexual en agravio de QV3 y actos de tortura en agravio de V2, atribuibles a esa Secretaría y a la entonces Procuraduría General de la República, por hechos ocurridos en la Ciudad de México y en los estados de Nuevo León, Veracruz, Puebla, Guerrero, y Quintana Roo
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 188VG/2025 a la Secretaría de Marina (MARINA) y a la Fiscalía General de la República (FGR), derivada de la recepción y documentación de quejas que revelan un patrón en la comisión de actos de tortura por parte de elementos de MARINA y de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), acontecidos entre 2010 y 2012 en las entidades federativas de Nuevo León, Veracruz, Ciudad de México, Puebla, Guerrero y Quintana Roo.
Sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos a la vida en agravio de V1, a la integridad personal de V2, V3, QVI y VI1, derivado del uso excesivo de la fuerza, atribuible a elementos de la Secretaría de Marina, en Ahome, Sinaloa.
Al determinar que, elementos navales incurrieron en empleo excesivo de la fuerza pública mientras intentaban detener una embarcación de pescadores de camarón en la localidad de Las Lajitas, en Ahome, Sinaloa, provocando con ello el fallecimiento de una persona y lesiones a otras dos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 187VG/2025, por violaciones graves a los derechos humanos, a la Secretaría de Marina (SEMAR).
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reitera el deber de adoptar de manera urgente medidas que refuercen la seguridad, la gobernabilidad y la operatividad al interior de los centros del Sistema Penitenciario de esa entidad. Urge a las autoridades de ese centro penitenciario a gestionar oportunamente el acompañamiento legal, administrativo y atención médica necesaria a las personas lesionadas y a familiares de las personas fallecidas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 180VG/2025 dirigida a la Secretaría de Marina (MARINA), al confirmar que las víctimas fueron objeto de graves violaciones en Tabasco. Se constató que vieron afectados su derecho humano a la dignidad, integridad personal, libertad y seguridad jurídica. La CNDH instó a la MARINA a tomar las medidas necesarias para reparar los daños causados y garantizar que estos actos no se repitan.
